La imputación de una Infanta de España
Hoy es un día triste para la Casa Real, pero también es una fecha gozosa para los españoles, pues se acredita que todos somos iguales ante la Ley, aunque como decía un buen amigo y abogado viejo: “unos son más iguales que otros”.
El Juez Instructor ha hecho lo único que podía hacer, que era llamar a declarar a la Infanta, pero no en calidad de testigo, sino de imputada, lo que le otorga una serie de derechos constitucionalmente establecidos: derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí misma, a ser asistida por un Abogado, etc.
Una persona que es accionista de un entramado societario con el que, presuntamente, se han efectuado diversos delitos, que participa en los consejos de administración correspondientes, y ostenta cargos en los mismos, no puede llamarse a andana, y decir que no sabía nada de lo que allí estaba sucediendo, por mucho confianza que tuviera en su marido, y muy encoñada que estuviese. La Infanta de la que estamos hablando ostenta una Licenciatura universitaria, creo recordar que en Ciencias Políticas, y es alta directiva de una entidad bancaria de primera categoría, por lo que, salvo que ambas circunstancias le hayan sido regaladas, existe una presunción de formación y capacidad profesional, muy por encima del español medio.
Tampoco debemos extrañarnos de que se la impute. La imputación, que en modo alguno equivale al procesamiento, no supone la existencia de indicios racionales de criminalidad, sino la necesidad de explicar determinados hechos y situaciones que puedan hacer posible su responsabilidad en los hechos investigados, y, por consiguiente, su posterior llamada a juicio, en calidad de autor, cooperador necesario o cómplice de los delitos correspondientes.
Pero no se preocupe nadie no, que a la Infanta no le van a faltar Abogados defensores, empezando por la misma Fiscalía Anticorrupción, que ha sido la primera en oponerse a su imputación. ¡Qué bochorno de Fiscalía! Produce vergüenza ajena su actuación, tan servil al gobierno y a las “instrucciones” políticas respectivas. Quiero suponer que no emanan de La Zarzuela, sino de políticos a los que les encanta servir de alfombra roja de la Monarquía, para que los reales pies no se contaminen con el polvo del camino.
Y no olvidemos que por encima del Juez Instructor está la Audiencia Provincial, que puede dejar en nada la imputación, a través del recurso de apelación correspondiente. ¡Qué para algo se inventaron los Tribunales colegiados! Además, ¿alguien nos puede garantizar que al Juez no se le ha ido la olla, o que su Juzgado no merece una rápida inspección del Consejo General del Poder Judicial que le aparte rápidamente del caso, por supuestas faltas graves y muy graves? Recuérdese que el Poder es experto en encontrar muertos en los armarios de los demás, aunque para guardar los suyos necesite un gran almacén…
Todos sabemos que no le pasara nada… Nuestro ¿Estado de Derecho? funciona así. Es más fácil que acaben condenando al Juez Instructor que a la Infanta. Yo le diría al Instructor que se ande con mucho cuidado, que puede acabar siendo atropellado por un coche, o caerle, accidentalmente, una maceta en la cabeza, cuando pasee por las calles de Palma de Mallorca, como sin duda hará. O ser objeto de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial, que le aparte definitivamente de la judicatura.. Y, siempre nos queda la Audiencia, más presionable que este Juez integro. ¿O es que los magistrados de la audiencia provincial de Mallorca no aspiran a ascender al Tribunal Supremo, o a ser nombrados Magistrados del Tribunal Constitucional…? El poder es lo que tiene: que lo corrompe todo.
Y que «papel» más lamentable el del Fiscal Anticorrupción de las Islas Baleares. Lleva años impulsando la investigación, pero ahora tiene que recular, como decimos los aragoneses, ante las órdenes superiores de la Fiscalía General del Estado, en conexión directa con el señor Gallardón, nuestro inefable Ministro de Injusticia, perdón, quiero decir de justicia… Creo que se entiende lo que quiero decir. La Fiscalía no es independiente, ni siquiera autónoma. Es muy dependiente, dada su estructura jerárquica, y, desde luego, como se deje la instrucción de los procedimientos penales en sus manos, estamos apañados. No se investigará, ni mucho menos se juzgará, nada de lo que afecte a los poderes constituidos: Casa Real, PP, PSOE, etc.
Pero el juez, ¿es del cuarto turno, es decir, nombrado a dedo, o no? Unos dicen que sí -El Imparcial de don Luis María Ansón, por ejemplo-, y otros que no. Incluso que fue nombrado en tiempos de don Felipe González, con lo cual está clara su ideología política, ya que los socialistas solo nombraron a comunistas y socialistas, a partes iguales, a diferencia del PP, que como son tan tontos nombraron jueces a personas de reconocía competencia profesional -algunos-, pero la mayoría de ideas contrarias a las suyas…
La verdad es que lo mejor que se podría hacer con el cuarto turno es suprimirlo, como ya se hizo con el tercero. La Justicia ganaría, al evitarse una buena parte de su politización actual. Y suprimir el CGPJ, que no sirve para nada más que como balneario para los jueces políticos, que están allí cinco años tocándose las narices y haciendo política, mientras los pleitos se pudren -literalmente- en los juzgados y tribunales.
Hoy uno de los muchos abogados defensores de La Infanta, un cortesano progre, Abraham Castro, desde la teoría jurídica y el alejamiento al mundo real judicial, que seguramente desconoce, pontifica sobre el tema en La Razón, exponiendo «Los 14 no indicios contra la Infanta».
Desde luego, vivimos en un país de pelotas, donde no se puede imputar a la Infanta, ni a los políticos. Estas personas, al parecer, no son iguales ante la Ley a los demás ciudadanos y contribuyentes.
Claro que no se de que me extraño: ellos no contribuyen, más bien se llevan la pasta…