Parados y funcionarios
He sido parado, y también funcionario. Como parado la verdad es que nunca estuve inactivo, pues estudiaba, leía, escribía, pensaba… También funcionario interino, tras superar un concurso nacional, publicado en el BOE, y al que podía acceder cualquier Licenciado en Derecho que cumpliese determinados requisitos. Y contratado administrativo como Profesor de la Universidad de Zaragoza.
Y en todos los sitios he visto muchos vagos. En el INEM personas que no tenían ningún interés por trabajar, o que trabajaban en la economía sumergida, mientras que el desempleo les proporcionaba la cobertura sanitaria, las cotizaciones para la jubilación y “complementaban” la prestación correspondiente con el dinero negro obtenido en la economía sumergida. Desgraciadamente hoy en día ya casi no hay parados trabajando, pues no hay trabajo…
En cambio, el número de funcionarios no para de crecer. Hay cinco millones de parados “registrados” –la cifra real es superior, pero muchos están tan desanimados que ya ni se molestan en inscribirse en el INEM-, y alrededor de cuatro millones de empleados públicos, concepto más amplio que el de funcionarios, y que engloba al personal laboral, eventual, de confianza, altos cargos, e incluso políticos, que no hay político que no se fije un buen sueldo, y cotice a la seguridad social, que el interés general empieza por uno mismo.
Por no hablar de las empresas públicas, que proliferan por doquier, para dar acomodo a amiguetes, parientes y correligionarios. Más de dos mil quinientas tenemos en lo que queda de España.
¿Cuándo va a terminar este derroche de personas, medios y dinero?
La diferencia entre el fraude de los parados y los funcionarios es muy notoria: un desempleado puede “estafarnos” dos años de prestación, como máximo, pero un empleado público puede pasarse cuarenta o cincuenta años sin pegar pago al agua, o, lo que es peor, haciendo mal su trabajo, sin que por ello le pase nada, salvo que sea desafecto al partido en el poder, o les caiga mal a sus jefes.
La irresponsabilidad en la función pública es total. El funcionario que nada hace es el que mejor vive, pues difícilmente se equivoca o puede corregirse su labor, mientras que el que es muy trabajador, siempre acaba metiendo la pata en alguna ocasión, por lo que puede incurrir en responsabilidad.
En resumen, se habla mucho estos días del fraude de los desempleados que no son tales, pues trabajan en la economía sumergida, pero nada se dice de los funcionarios que sobran, del exceso de empleados públicos o de la prepotencia e incompetencia de algunos de ellos, que son nuestros empleados, no nuestros señores.
Y, por supuesto, hay que suprimir los trienios, al igual que se hizo con el Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral, como forma de conseguir una reducción de la masa salarial de los empleados públicos. No tiene sentido que cada tres años se devenguen automáticamente incrementos salariales, y ello con independencia de la competencia –o no- del empleado público.
Estoy de acuerdo con el artículo. Se habla mucho del fraude de los parados, pero poco del despilfarro en empleados públicos. La Diputación Provincial de Zaragoza, por ejemplo, tiene 64 asesores de libre designación. ¿Realmente son necesarios? ¿No hay entre los doscientos cincuenta funcionarios de plantilla las suficientes personas capacitadas para poder asesorar a los políticos? Lo que sucede es que se trata de contratar a ex concejales o diputados que se an quedado en el paro, algunos incluso jubilados, que ya tienen la vidas solucionada con su pensión de jubilación… Y son del PP, PAR y PSOE, fundamentalmente. Es bueno que se sepa, para saber a quienes no tenemos que volver a votar…
¿Y qué pasará con los parados de larga duración, conforme vayan terminando de cobrar las prestaciones, contributivas y asistenciales, por desempleo? Es evidente que no se les puede dejar tirados como colillas, pues por algo vivimos en un estado social y democrático de derecho… Lo lógico es que se estableciese una renta mínima de inserción social, como se quiera llamar, de ámbito nacional, y de la que pudieran ser beneficiarios quienes acrediten haber cotizado previamente a la seguridad social un determinado número de años, así como declarado por rentas a Hacienda, que no se trata de dar ayudas a quienes no han contribuido en nada al mantenimiento del estado social y democrático de derecho…
Como muy bien apunta el artículo, el problema no son los parados, sino los funcionarios. Son casi cuatro millones de personas, cifra ligeramente inferior al número de parados, que ronda entre los cinco a seis millones, pero que a diferencia de ellos, tendremos que pagarles toda la vida. ¿Porqué no se hacen ERES en el sector público? Es evidente que sobran administraciones, organismos y empleados, muchos empleados públicos…
Comprendo que es muy difícil sintetizar las cosas en un breve artículo, pero yo veo tres situaciones distintas:
1. FUNCIONARIOS (por oposición). Merecen todos los respetos. Han obtenido plaza por estudios, han tenido que estar años fuera de su casa, son objeto de traslados, y cuando consiguen vivir bien, ya tienen cincuenta años…
2. ENCHUFADOS (la mayoría de los actuales empleados públicos). Son la lacra de las administraciones públicas y habría que prescindir de todos o casi todos ellos: laborales, contratados temporales, asesores, personal de confianza, eventuales, interinos… Un auténtico cachondeo que lastra la recuperación económica pues nos están costando un ojo de la cara.
3. PARADOS. Son las víctimas de la situación. Empresas arruinadas, empresarios sin escrúpulos, sectores en crisis -construcción-, etc. Muchos de ellos, sobre todo los de mediana edad, lo tienen muy crudo, pues no van a volver a conseguir trabajo, y tampoco pueden jubilarse pues no tienen la edad y/o las cotizaciones correspondientes.