Profesiones y vocaciones

Hay dos profesiones que sólo pueden ejercerse en plenitud cuando son vocaciones: la docencia y la judicatura. Y tengo comprobado que los malos jueces y los profesores mediocres prefieren dedicarse a tareas de gobierno –más bien administración- que al ejercicio de su oficio. Es una huida hacia adelante y una forma de satisfacer vanidades. Y también salir del hastío que produce sembrar en el mar, en el caso de los docentes, o impartir justicia, en un país donde lo que abunda es la injusticia, cual les sucede a los jueces.

He conocido profesores buenos, regulares, malos y peores. Algunos de los peores luego los he visto de directores de centros y departamentos, decanos e incluso de rectores. Y en el caso de los jueces, he conocido a gente realmente prevaricadora, y no por afición, sino por vocación, convertidos en altos prebostes de la judicatura. Y a personas con su carnet del PSOE escondido en el bolsillo interior de la chaqueta, convertidos en presidentes de órganos judiciales donde se decide sobre el honor, la libertad y el patrimonio de los demás –observen que situó los bienes materiales en último lugar, como debe ser-, cuando debieran estar en su casa, visto su sectarismo, político e incluso personal.

Y del Consejo General del Poder Judicial, mejor no hablar, como tampoco del Tribunal Constitucional, pues todos sabemos que sus integrantes son, salvo honrosas excepciones, que también las hay, la voz de su amo. Y no digo más. Ni menos.

Hemos llevado la política, y no en su acepción más amplia, de servicio público, sino con minúsculas, de partidismo, al CGPJ y al Constitucional, y todos los que estamos medianamente enterados sabemos con antelación hacia donde se decantará el voto de tal o cual Magistrado del Constitucional o Vocal del Consejo, dependiendo del partido político que impulse una determinada iniciativa, o de las consecuencias para el gobierno –o la oposición mayoritaria- de una Sentencia concreta y determinada. Y así no vamos a ningún sitio.

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, con lo cual algunos acaban siendo Fiscales del Gobierno, que no del Estado, y no hace falta dar más explicaciones, pues la conclusión es obvia. Y producen vergüenza ajena…

La Fiscalía funciona como la Guardia Civil, es decir, ordeno y mando –los tricornios han sido sustituidos por las togas-, la apisonadora actúa –o no-, según quiera la cúpula, que lógicamente obedece a quienes le han nombrado, pues le va en ello el cargo, o, al menos, la posible renovación, o algún “obispado” para preparar su retiro: Magistrado del Tribunal Constitucional, Consejero Permanente del Estado, etc.

Cuando el sistema judicial no funciona, ¿qué solución le queda al ciudadano de a pie, que somos casi todos? Pues dejar de pleitear, renunciar al ejercicio de sus derechos y buscar la solución de sus problemas extrajudicialmente, mediante el amiguismo, el enchufismo, etc. En definitiva, la vuelta al siglo XIX, del que tal vez nunca hemos sabido salir en España…

El poder ejecutivo controla al poder legislativo, pues el partido que gobierna tiene la mayoría parlamentaria, por lo que sólo les falta controlar al poder judicial para lograr la “cuadratura” del círculo.

¿Qué futuro tiene un país donde no funciona la división de poderes? Pues muy poco, al menos democráticamente.

La situación española actual cada vez se parece más al régimen franquista: unidad de poder y coordinación de funciones.