Diputaciones provinciales, administraciones prescindibles


Ahora que tanto se habla de reducir el excesivo gasto público, habría que diferenciar, en primer lugar, entre gasto e inversión, pues resulta obvio que no es lo mismo alimentar a una caterva de funcionarios inútiles, que en muchas ocasiones justifican su existencia poniendo trabas al administrado y exigiendo papeleos sin fin, que invertir en mejorar las comunicaciones, en educación, servicios sociales, etc. Pues bien, el actual gobierno ha optado por suprimir las inversiones, paralizando la mejora de carreteras, ampliación del AVE, etc., mientras que sigue aumentando el número de funcionarios por ocupación, es decir, contratados laborales, digitalmente – a dedo -, paniaguados que apoyan al PP, al grito de “¡Rajoy, colócanos a todos!”.

Cuando nos levantamos por la mañana, además de dar gracias a Dios por estar vivos y tener salud, tenemos que pechar con la siguiente carga de administraciones sobre nuestras anchas y sufridas espaldas:

Ayuntamiento.

Comarca.

Diputación Provincial.

Gobierno autonómico.

Gobierno Central.

          ¿Qué sentido tienen ahora mismo en Aragón, en particular, y en España en general, las Diputaciones Provinciales? Creo que muy escasa. Y que los “ayuntamientos de ayuntamientos” serían perfectamente prescindibles, reduciendo así considerablemente los gastos públicos y el excesivo número de funcionarios, que podrían destinarse a los restantes ayuntamientos, comarcas, gobiernos regionales y administración central del Estado, en comisión de servicios… Por no hablar de posibles jubilaciones anticipadas, que siempre es más barato un jubilado que un funcionario en activo… (y además no necesita un despacho, calefacción, aire acondicionado, teléfono, ni gasta papel).

Como dice mi hijo, es preferible pagarle a un señor el paro que hacerle funcionario, pues resulta menos costoso de mantener, además del carácter temporal de la prestación.

En Cataluña se han inventado las veguerías que vienen a ser como supra comarcas, de tamaño inferior a las actuales diputaciones provinciales, pero superiores a las comarcas. Creo que hay siete, casi el doble que las actuales diputaciones provinciales. Y es que hay mucha gente que colocar y faltan administraciones donde darles un empleo, ya que no un trabajo, pues no se sabe muy bien para que sirven.

En resumen, se impone adelgazar nuestra gruesa administración, que constriñe a impuestos a los sufridos contribuyentes y ocupa ámbitos propios del sector privado. ¿O es que tiene mucho sentido que la más importante editorial de Aragón (al menos por el número de títulos publicados) sea la Institución Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza?

Es verdad que hay unos artículos en la Constitución de 1978 que hablan de la existencia de las Diputaciones Provinciales, concretamente los núms. 141, 142 y 143. Pero ¿sería tan difícil reformar la Constitución, únicamente en este apartado, y suprimirlas? Cuando hubo que modificarla para permitir el voto en las elecciones locales a los ciudadanos de países miembros de la unión europea, por ejemplo, se hizo y no paso nada.

En resumen, como ya expuse en el “Curso de Derecho Aragonés” de la Universidad de Zaragoza, con grave disgusto de los compañeros funcionarios de las Diputaciones, propongo la repoblación del mundo rural, transfiriendo sus funcionarios a las comarcas, y evitando así, de paso, la contratación ex novo  de más de dos personas por las 32 comarcas existentes, esas que según el inefable cacique señor Biel “no iban a costarnos ni un euro”, ya que se aprovecharían los recursos y medios existentes. ¡Pues menos mal!

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