En España la bola de nieve del empleo público está destruyendo la economía
Los españoles mantenemos con nuestro sudor e impuestos a 3.500.000 empleados públicos, siendo unos 500.000 políticos “profesionalizados”, que no profesionales.
Es una gigantesca bola de nieve que está destruyendo la economía, y para “justificar” su presencia imponen multitud de requisitos y trabas burocráticas a los empresarios, autónomos, etc.
Hay dos clases de trabajadores públicos: funcionarios y laborales. Y en ambas categorías de dos tipos: por oposición y por ocupación.
Los ingresados por oposición pueden serlo por oposición libre o por oposición restringida, es decir, con la ayuda de la valoración de los servicios previos prestados, y a cuyo empleo se ha accedido en muchísimas ocasiones por enchufe.
Los trabajadores por ocupación pueden serlo de varios tipos: por concurso-oposición, por concurso, o, simple y llanamente “a dedo”.
Por supuesto, existen también situaciones de enchufe asimiladas a trabajadores por ocupación:
- Cargos políticos que lo primero que hacen es darse de alta en seguridad social y en la nómina correspondiente, que normalmente se fijan ellos mismos unilateralmente, pues ya se sabe que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. (Sobre todo si son de la PSOE o de Unidas Podemos, y carecen de formación, de capacitación e incluso de ganas de trabajar).
- Asesores, que lo mismo asesoran sobre la energía nuclear como del calentamiento climático, total que más les da, si en la mayoría de los casos no tienen ni idea de nada, y son unos meros “comisarios políticos” del partido que les nombra…
- Personal eventual, jefes de gabinete, secretarías particulares, escoltas, chóferes de libre designación. En este apartado hay numerosas amantes y novios, cuya principal habilidad es dar “satisfacción” al que manda. (No crean que exagero; hemos visto un caso reciente en la prensa).
- Bolsas de Trabajo, destinadas a cubrir necesidades temporales de trabajadores públicos, aunque hay millones de personas que han hecho de estas bolsas su medio de vida, sobre todo si tienen la “suerte” de contar con un buen enchufe.
Normalmente se nombra a los que figuran en los primeros lugares de la lista, con lo cual acaban convirtiéndose en una especie de funcionarios por ocupación, en claro detrimento de quienes se han incorporado con posterioridad.
Como el principal mérito que se valora –por no decir el único- son los servicios previos prestados, quienes llevan más tiempo en las bolsas tienen siempre preferencia sobre los recién incorporados, aunque estos tengan mejor expediente académico, mayor formación de posgrado, experiencia profesional en otras actividades similares u homologables, etc.
Algunos autores cifran en cerca de un millón de personas las integrantes de este colectivo, aunque el número de integrantes de las bolsas de empleo es el doble o el triple, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos…
La rotación dentro de las bolsas permitiría vivir –o al menos subsistir- a sus integrantes, a la espera de tiempos mejores. ¿Por qué no se hace? ¿Qué interés hay de que siempre trabajen los mismos… funcionarios por ocupación? ¿Se trata de enchufados? Al fin y al cabo, llevar más tiempo en las listas, o haber trabajado más tiempo no creo que sea un mérito especialmente relevante, y más cuando la Constitución habla claramente de igualdad, mérito y capacidad…
En el septenio negro del zapaterismo las administraciones aumentaron su plantilla en más de cuatrocientas mil personas, que se dice pronto. ¿Realmente eran necesarios estos nuevos trabajadores públicos, u obedecían más bien al viejo grito de “Zapatero, colócanos a todos”?
Ahora con el “sanchismo” y el comunismo al timón de la nave, volvemos a las andadas, y el número de empleados públicos no para de crecer…
En resumen, que no todo el monte es orégano. Hace falta “mover” las listas, pasar al final de las mismas a quienes ya hayan prestado servicios, y, en definitiva, repartir el escaso empleo público entre los millones de españoles que no tienen la suerte de tener un empleo, público o privado.
Y urge empezar a echar enchufados, sobre todo aquellos ingresados por el carnet del partido correspondiente en la boca, y por designación a dedo, que los hay, y muchos.
Publicado en Alerta Digital y Elcriterio.es (30/06/2020) y El Correo de España, El Diestro y Heraldo de Oregón (01/07/2020)
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En un país en franca decadencia, y camino de su muy posible «división» en varias naciones distintas, el número de empleados públicos no para de aumentar…
¿Qué estamos haciendo mal?
En completo acuerdo con el análisis. El problema aun se agrava más, cuando se tiene en cuenta que caso (película de ciencia ficción) que se decidiese romper con esta situación, y teniendo en cuenta la legislación laboral hoy vigente en España, el costo por «funcionario» de despido no lo quiero ni pensar, añadido al del subsidio de desempleo que habría que abonar. Hagamos de esto un conjunto y a ver qué cifra obtenemos.
Hoy dice don Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco que: «No se puede seguir teniendo funcionarios totalmente improductivos e inamovibles».
Huelga decir que estoy totalmente de acuerdo con él.
Para empezar, habría que soltrar lastre, cesando a interinos, sustitutos, eventuales, personal dew confianza, asesores que en nada asesoran, pues nada saben, contratados temporales, etc., PERO COMO TODOS O CASI TODOS SON ENCHUFADOS, veo más factible que acaben echando a los funcionarios de carrera que a esta troupe…
Si estoy en completo acuerdo Pedro. Yo lo que pongo el foco, es en el costo que todo eso genera, por lo que previo a emprender toda esta reestructuración, habría que ir a un reforma laboral para que se pudiera facilitar. ¿Imaginas a esta pareja tóxica de psicópatas (Sánchez, Iglesias) por esa labor?, mas añade la reacción del colectivo de «funcionarios improductivos». Jamás se tuvo que avanzar en unos «privilegios laborales» que al final, se han convertido en un callejón sin salida. Bueno, sí que existe, pero para ello, hay que echarle un par de huevos.
Creo que la única solución sería HACER LABORALES A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, a excepción de aquellos que impliquen ejercicio de autoridad delegada por el Estado o el Gobierno: militares, policias, jueces, fiscales, diplomáticos…
Y el resto que pudieran ser despedidos, sometidos a ERES o ERTES, etc., como le sucede a cualquier trabajador normal y corriente.
Hoy por hoy, SOBRAN LA MITAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, Y ESO COMO MÍNIMO…
Estoy en completo acuerdo contigo Carmen, por eso comento, que el primer paso sería hacer una Reforma Laboral, y si después de que el país sobreviviese al incendio al hacerla, se pudiera implementar la medida, perfecto. Quiero decir, que sabiendo lo que hay que hacer, estoy convencido que nadie dará el paso.
Un 40%, y eso como mínimo, del personal del sector público son interinos, contratados temporales, eventuales, sustitutos, personal de confianza, asesores, etc., Y A TODOS ELLOS SE LES PODRÍA PONER EN SU CASA, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA, o, como mucho, un preaviso de 15 días, como establece la legislación laboral.
* Pero no hay voluntad política de hacerlo, PUES SON DE LOS SUYOS.
* Y ello SUPONDRÍA UN AUMENTO DEL PARO,
* Pero también tendría la GRAN VENTAJA DE SUPONER UNA GRAN REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, que está «agotando» a la economía española…
No soy ningún especialista Pilar, pero «A la finalización de los contratos temporales el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación»…aquí está uno de los problemas y no menores que encuentro. En las ventajas de hacerlo todos estamos en acuerdo.
Hola, no son trabajadores laborales, SINO FUNCIONARIOS INTERINOS O PERSONAL EVENTUAL, y no están sujetos al estatuto de los trabajadores, sino a nombramientos, sujetos al DEREHO ADMINISTRATIVO.
El autor del artículo tiene un exceente libro sobre la materia, titulado LABORALIZACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, publicado en 1998, creo recordar.
Hola de nuevo, Don Ramiro, ¿qué tal va todo?
Ya sé que me repito más que el gazpacho, pero como ya dije en su momento, esto NO solo ocurre en los escalafones más bajos de la Admón. Pública (sea sé, auxiliares, administrativos, técnicos, etc…), sino que llega hasta la cúspide, refiriéndome a JUDICATURA y FISCALÍA.
Según datos del propio CGPJ, en España en pleno 2020:
-Hay un TOTAL de 5.400 jueces
-De los cuales, más de 1.000 (el 20%) son sustitutos y suplentes (SIN OPOSICIÓN y A DEDO)
-Otros 1.200 (el 25%) son tercer y cuarto turnistas (igualmente SIN OPOSICIÓN y A DEDO)
-Sumando los dos anteriores (1.000 de sustitutos y suplentes más 1.200 de tercer y cuarto turnistas) nos da un TOTAL de 2.200 jueces (el 50% o 1 de cada 2) que están ejerciendo actualmente en España SIN OPOSICIÓN y A DEDO
Esto con respecto a los jueces.
Con respecto a Fiscalía, el propio Ministerio Fiscal reconoce que en España en pleno 2020:
-Hay 2.500 fiscales en TOTAL
-De los cuales, más de 1.000 (el 40% o casi 1 de cada 2) están por suplentes (es decir, SIN OPOSICIÓN y A DEDO)
Resumiendo, en España en pleno 2020 el 50% de las carreras judicial y fiscal están allí SIN OPOSICIÓN y A DEDO (lo que se traduce en 1 de cada 2 jueces y casi 1 de cada 2 fiscales).
Todo esto lo he sacado de las páginas web oficiales del CGPJ y del Ministerio Fiscal (cualquiera puede pasarse por allí con el móvil en 5 minutos en la parada del autobús, tal y como yo lo hice, y comprobar que NO me invento NADA y que los porcentajes son los descritos arriba).
Esto, curiosamente, viene sucediendo desde 1985 más o menos (con la depuración de Ledesma de ambos cuerpos, perfectamente operativos hasta entonces, por otra parte).
Durante la segunda mitad de la década de los 80, toda la década de los 90 y hasta 2005, judicatura y fiscalía BAJARON el NIVEL a ritmo vertiginoso, pero AÚN lograron mantener una buena cantera de jueces y fiscales capaces, íntegros y meritocráticos entre sus filas.
Sin embargo, desde 2005 y hasta la actualidad, llevamos una década y media en la que difícilmente podrían judicatura y fiscalía funcionar peor (debido a la entrada MASIVA en los últimos 15 años de gentuza SIN OPOSICIÓN y A DEDO).
Prueba de ello es que según el Consejo Nacional de la Abogacía, casi un 90% de TODOS los abogados de España creen que la justicia funciona regular, mal o muy mal, y solo un 11% dice que funciona bien.
Estos datos que expongo, están muy bien recogidos en el artículo «Jueces sustitutos o jueces prostituidos» que se publicó hace cerca de un año ya, y en el que (y me va a permitir citarle textualmente):
«Mientras tanto, los juzgados (…) son atendidos por simples licenciados en Derecho, o incluso graduados (que éstos aún tienen menos nivel), en ocasiones sin más bagaje que una gran incultura jurídica general -que les permite sustituir en cualquier jurisdicción-, y eso sí, provistos de un buen enchufe».
Ahora yo me pregunto:
¿Qué bastardez de república bananera ha dejado jamás los juzgados en manos de meros aficionados SIN OPOSICIÓN y A DEDO en la MITAD (el 50%) de los casos?
¿Acaso es un chiste (malo) de Arévalo la justicia como para PROSTITUIR la judicatura y la fiscalía de ese modo?
¿Nos sorprendemos luego de que pasen cosas del tipo juicio de los ERE de Andalucía, en donde la señora Bolaños dejó transcurrir una década para que prescribiese todo y ahora NO solamente NO es expedientada, multada y sacada a patadas de la judicatura sino que el Supremo la acaba de absolver de TODOS y CADA UNO de los cargos por los que los 5 fiscales anticorrupción de Sevilla la denunciaron?
Y sobretodo, y más importante:
¿Qué futuro le espera a España en general y a sus poderes judicial y fiscal si esta tendencia NO solo NO se corrige sino que VA EN AUMENTO (véase como la PSOE y Unidas Podemos ya están intentando mangonear más si cabe el procedimiento de acceso por oposición a ambos cuerpos, antaño operativos, y ahora son el coño de la Bernarda)?
Muy negro es el futuro, muy negro, me temo.
Saludos cordiales.
Estimado señor, totalmente de acuerdo con todo lo que dice.
Encontrar un abogado «honrado» que diga que la administración de justicia funciona bien, es casi imposible.
Es más, yo me atrevería a decir QUE CADA DÍA FUNCIONA PEOR.
Gracias, don José Miguel, por su brillante y documentación aportación, que tanto enriquece este blog.
Cordiales saludos y mis mejores deseos para usted y los suyos.
Muchísimas gracias.
Lo de que casi el 90% de los abogados creen que la justicia funciona mal es un informe del CIS con más de 5.000 abogados de toda España que respondieron según la web, por lo que entiendo la muestra es lo bastante grande como para:
1º) Que al ser de toda España, NO estuviese sesgada su visión por su trabajo en una sola comunidad autónoma específica (sino que es a nivel nacional)
2º) Que NO haya sesgo ideológico al haber tan gran número de encuestados (de derechas, izquierdas, centro, etc., pero la opinión es general)
Gracias por sus tan amables palabras y lo mismo le deseo a Vd. y los suyos.
Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto.