Orwell, 2018: Los comentarios en medios digitales

Cuando estudié la Licenciatura en la antaño prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, los profesores nos decían que solo delinquían las acciones, o las omisiones, en su caso, pero nunca el pensamiento.
Vamos, que el pensamiento era un territorio inmune e impune, donde uno podía pensar lo que le diera la gana, sin tener que dar explicaciones a nadie. Que podías pasar por la puerta de un banco y pensar que a ese banco yo lo atracaría, y me llevaría todo el dinero, o ver a una señora cañón y pensar que a esa me la beneficiaría, sin problema alguno…, siempre que no lo hicieras.

Evidentemente, mis profesores eran unos bienpensantes, además de personas muy capacitadas y vocacionales, pero la realidad supera a la imaginación más encendida.

Ahora mismo, “gracias” a Ruiz-Gallardón, que entre mordida y mordida –presuntamente-, tuvo tiempo para perseguir penalmente a quienes osamos discrepar de lo “políticamente correcto”, el art. 510 del Código Penal, reforma de 2015, establece lo siguiente:

“1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a). Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Y dos apartados más, el b). y el c)., que persiguen la publicación de escritos en este sentido, y la negación o trivialización de delitos de genocidio y similares, de forma que el holocausto, por ejemplo, se ha blindado, convirtiéndose en materia de fe.

Podrás ser creyente, ateo o mediopensionista, es decir, agnóstico, pero lo que no puedes es dudar de la versión interesada de la segunda guerra mundial escrito por los vencedores, -casualmente-, bajo penas de prisión… ¡Todo un alarde democrático y de “protección” de los derechos fundamentales y libertades públicas protegidas por la Constitución de 1978!

La jurisprudencia ha establecido que los medios son responsables, o por lo menos corresponsables, de lo que publican, tanto mediante artículos, firmados por su autor, o como simples comentarios a noticias o trabajos publicados…

Ello supone un gran esfuerzo revisor, por no decir censor, de los medios, ante expresiones que pudieran ser constitutivas de los delitos de calumnia o injuria, o, simple y llanamente, atentar contra los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los agraviados.

En la práctica supone dedicar una o más personas a esa tarea, o “perder” muchas horas diariamente realizando esa labor de poda y limpieza, por no decir de autocensura.

¿Cómo han solucionado este problema muchos medios…? Pues acudiendo a plataformas como las de Disqus, Facebook, Twitter o Google, en las que tienes que estar previamente registrado –aunque sea con un nombre falso, o seudónimo-, y que te permiten acceder al apartado de comentarios.

Pero estas plataformas o servidores tienen un pequeño –o gran problema-: que almacenan todo, absolutamente todo lo que digas sobre cualquier asunto, y rápidamente lo facilitan a la policía, al fiscal o al juez que lleva la denuncia pertinente por delitos de odio o contra la discriminación racial.

En otras palabras, que si usted se aparta normalmente de lo políticamente correcto, y tiene opiniones propias, como por ejemplo que en España hay un exceso de extranjeros, que tenemos que proteger nuestras fronteras, que a los extranjeros que delinquen hay que expulsarles del territorio nacional, etc., mi consejo es que no utilice ninguna de esas aplicaciones.

Salvo que quiera acabar denunciado ante la fiscalía contra el odio y la discriminación racial, brazo ejecutor de la “policía del pensamiento único”.

Sí, es verdad que esa policía todavía no existe, pero en un país que se permite el lujo de tener la policía nacional, la guardia civil, los mozos de escuadra, los ertzainas, la policía foral navarra y las policías locales, ¿qué problema hay en crear una policía del pensamiento…, que vele por la persecución de los “delincuentes” que incurrimos en el vicio de pensar?

Publicado en La Tribuna de España, Heraldo de Oregón y La Tribuna de Cartagena (24/08/2018) y El Correo de Madrid y Alerta Digital (25/08/2018)